Los hilos de poder de Alexander Vega en Chía y su gestión en la Registraduría
Entregamos a nuestros lectores un hilo de registros periodísticos que se vienen produciendo, luego del fallido trabajo de la Registraduría Nacional en las pasadas elecciones parlamentarias.
La situación ha puesto en tela de juicio las capacidades, preparación y experiencia del registrador nacional, Alexander Vega Rocha.
Hacemos este recuento, porque Alexander Vega es hijo de crianza de Chía, ciudad donde creció e inicio su carrera política en medio de grandes desatinos profesionales, que siempre subsano con favores y obediencia a sus jefes.
Desde entonces se convirtió no en un profesional idóneo sino en un sistemático y oportuno relacionista que, para sorpresa de muchos, le permitió caer siempre de pa’arriba. Convirtiéndose en el político de la ciudad con el más alto cargo en el gobierno nacional y lograr posiciones que le permitieron construir tentáculos de poder en el ámbito municipal, departamental y nacional.
Su astucia para escalar llevo a Vega a convertirse sin mayor experiencia y bagaje académico, primero en magistrado y luego en registrador nacional, cargos que no han sido producto de sus capacidades académicas y mucho menos de su formación ética y moral.
No, su monumental ascenso se reduce a ese modelo político, social y laboral que se ha incrustado en el sector oficial del país para operar en todos los frentes, a través del amiguismo, el favor y el compadrazgo. Prácticas estas que generalmente llegan acompañadas del regalo, la propina y la coima.
Dádivas que permean las entrañas de una sociedad necesitada y políticamente ignorante, no solo intelectual sino emocionalmente, lo que significa que ante la necesidad de ser reconocidos o protegidos, a la gran mayoría de los ciudadanos no les importa recibir migajas para estar agradecidos o pasarse la vida creyendo promesas que nunca se cumplen. Porque es más rentable creer en los mentirosos que pagan para que les crean.
Así las cosas es fácil entender como dentro de esta geografía social acampa la corrupción que hoy azota al país y que tanto afecta los cimientos de la institucionalidad, la justicia y la democracia.
Pero hoy, Alex Vega, como se le conoce en Chía, y quien fuera durante los últimos meses cuestionado por unos, descalificado por otros e investigado por muchos, atravesó por el centro del huracán, y pese a todo diagnóstico y predicción, cruzó la tormenta sin un solo rasguño. La verdad es que pese a todas las evidencias, quejas y reclamos, Vega no ha sido aún destituido, suspendido ni sancionado.
Su futuro, paso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Procuraduría General de la Nación que hasta la fecha no se han pronunciado.
Por sus hechos los conoceréis, dijo San Mateo, hace 2001 años. Y acudimos a su frase para referirnos al registrador, luego de los resultados y situaciones que se han generado a raíz de las elecciones parlamentarias por parte de la Registraduría, que descansa sobre sus hombros. El personaje nacional también mueve, de manera eficiente y silenciosa para sus amigos políticos, los hilos del poder en Chía y la región.
Más, cuando en octubre de 2023 estará a cargo de las elecciones que elegirán a gobernadores, diputados, alcalde y concejales. En lo que será su último ejercicio electoral, toda vez que su periodo electoral termina en noviembre de 2023. Si es que la Procuraduría no decide otra cosa.
Quien es Vega en Chía
Alexander Vega fue Personero de Chía en el gobierno de Fernando Sánchez Gutiérrez (2004-2007). Su gestión fue bastante cuestionada por la ciudadanía, porque más que atender las demandas y necesidades de la población, dejo claro desde entonces su interés por alinearse al gobierno de turno, más que a responder por sus obligaciones como Personero municipal.
Fue así como en el 2007, sin estudio alguno, propuso una reforma administrativa de la personería, incrementó en un 80 % el presupuesto de la oficina del ministerio público local, al igual que la planta de personal, y los salarios. Gracias a esta gestión, compró un automóvil Audi y desde entonces no se volvió a bajar de él, al menos para trabajar. En la personería atendían los personeros delegados, y él, en el Audi. De ahí que terminaran apodándolo “el fantasma del Audi”.
Posteriormente, los veedores demandaron al concejo municipal por aprobar dicha restructuración sin cumplimiento de los requisitos legales. Es así como el 19 de enero de 2017, el Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia dado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de julio de 2015. Cuando declaró la nulidad del Acuerdo No.06 del 19 de diciembre de 2006, «por medio del cual se reorganiza la Personería Municipal de Chía, se modifica y adopta su estructura, la planta de personal y se dictan otras disposiciones».
Posteriormente, llegaron las sanciones de la Procuraduría a los concejales que dieron su voto positivo a este acuerdo y al mismo Vega. Así, con más pena que gloria, Vega Rocha llevo a cabo en Chía su disonante ópera prima como funcionario público. Para terminar en la Registraduría, convirtiendo sus acciones en todo un concierto de hechos y decisiones tan cuestionadas, que como ya dijimos, han pasado a ser investigadas sin hacerle mella.
Como hijo adoptivo de Chía y en medio de su fulgurante carrera política, la ciudad no tiene nada que agradecerle a Vega. Su gestión se ha concentrado en acrecentar su patrimonio personal con la compra de predios y a mover las fichas políticas de Chía y la región de acuerdo a su interés y beneficio personal.
Tribunal deja en manos de Procuraduría suspensión del registrador Alexander Vega
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las medidas cautelares que solicitó un abogado para suspender a Vega de cara a las elecciones presidenciales. Aunque dejó la petición en manos de la Procuraduría, decretó órdenes para la Registraduría.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la acción popular que el abogado Germán Calderón radicó con el objetivo de suspender al registrador nacional Alexander Vega. Aunque el despacho judicial reconoció que las pasadas elecciones, del 13 de marzo, tuvieron “una serie de deficiencias”, consideró que la competencia sobre la suspensión corresponde a la Procuraduría. Este órgano de control tiene abierta una investigación contra Vega desde el pasado 8 de abril.
En síntesis, el Tribunal explicó que no le corresponde decidir sobre la suspensión del funcionario público, dado que la Procuraduría, como órgano de control, debe hacerse cargo de las denuncias que lo rodean. Desde el pasado 13 de marzo, la Procuraduría fue alertada por más de 1.600 quejas, las cuales resultaron en la apertura de 33 expedientes. Casos por irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector.
“Hay varios elementos que, en principio, permiten afirmar que el Registrador Nacional del Estado Civil ha incurrido en amenaza y vulneración del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en la medida en que la función pública electoral se vio afectada por una serie de deficiencias ocurridas en los comicios del 13 de marzo pasado y que, si no se introducen los correctivos del caso, es razonable inferir que puedan replicarse en las elecciones del 29 de mayo y 19 de junio próximos”, consideró el Tribunal.
A pesar de considerarse maniatado en la solicitud de suspensión, el Tribunal decretó unas medidas cautelares de oficio. Entre ellas, se comprometió a realizarle seguimiento a las próximas elecciones presidenciales. Pidió al registrador Vega mejorar la garantía de acceso de información al Censo Nacional Electoral, el cual tiene datos como la inscripción de cédulas en tiempo real o el número de ciudadanos habilitados para votar.
Abren investigación disciplinaria contra el registrador Alexander Vega
La procuradora Margarita Cabello anunció que contra el registrador Nacional Alexander Vega inició una investigación disciplinaria. Reportó 1.600 quejas por compra de votos, errores en inscripción de cédulas e irregularidades por parte de jurados.
Foto: Jose Vargas – Óscar Pérez – Mauricio Alvarado – Campañas
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el registrador nacional Alexander Vega. Así lo anunció la propia procuradora Margarita Cabello, quien aseguró que las elecciones del pasado 13 de marzo, para el Congreso, Curules de Paz y consultas presidenciales, no están libres de miles de quejas y denuncias por irregularidades.
“La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”, comunicó la procuradora general.
El órgano de control busca determinar si Vega se habría extralimitado en sus funciones, tras exigir identificación biométrica de los votantes. Además, se evidenciaron supuestas irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., pues se alertó por un supuesto conflicto de intereses. La capacitación de los jurados es otra arista que la Procuraduría tiene bajo la lupa.
Además, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para dar con funcionarios de la Registraduría que aún no han sido identificados. Según Cabello, miembros de la institución que entregó los resultados de las votaciones nacionales habrían incurrido en irregularidades por inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.
Frente al anuncio de Cabello, el registrador manifestó: “Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022″.
Las elecciones de 2022 están bajo la lupa de cuatro procuradores delegados, quienes desde el presente año han analizado un total de 1.600 quejas hasta la fecha. En el órgano de control, según Cabello, permanecen alrededor de 400 denuncias, lo cual resultó en la apertura de 33 expedientes que dejarían mal parada a la Registraduría.
¿Quién es Alexander Vega, el registrador que está en el ‘ojo del huracán’?
El funcionario está en el ‘ojo del huracán’ tras los resultados de los comicios legislativos.
El registrador nacional Alexander Vega se encuentra en ‘el ojo del huracán’ después de las inconsistencias que se presentaron en el preconteo de votos que hizo la Registraduría el pasado 13 de marzo por las elecciones al Congreso.
De hecho, este martes hubo un debate de control político en su contra, al cual no asistió. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió “separar” al registrador de las elecciones presidenciales que se avecinan, propuesta que fue respaldada por algunos partidos como el Centro Democrático.
¿Quién es el registrador Alexander Vega?
Alexander Vega es un abogado con especialización en alta dirección del Estado y maestría en políticas públicas de seguridad y defensa.
El funcionario tiene un largo recorrido, pasando de ser magistrado a quedar electo en 2016 como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Antes se desempeñó como director ejecutivo de Transparencia Electoral de Colombia; y fue jefe de la misión electoral para ser veedor en las elecciones en Estados Unidos, según lo determinó Organización Mundial de Transparencia Electoral y la Universidad George Washington. Así mismo, fue personero municipal de Chía (Cundinamarca).
Además en 2021, el presidente Iván Duque le dio el reconocimiento de “mejor servidor público que ha promovido proyectos, programas, servicios o iniciativas de inclusión y diversidad en la estrategia de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años al Estado colombiano”.
Su carrera como Registrador
Las polémicas siempre han estado presentes en la carrera de Alexander como Registrador, desde el momento de su posesión en el cargo, en noviembre del año 2019.
Aunque el puntaje que obtuvo para el cargo de registrador fue de 738 puntos, en su momento su juramentación generó molestias y hasta se impusieron demandas.
En redes sociales cuestionaron la posesión de Vega como Registrador porque, según indicaron, esta se dio sin el debido protocolo y antes de que el registrador a quien él presidió terminara su periodo.
Por su parte, los demandantes aseguraron que en el proceso de elección hubo irregularidades por cuánto no se habría dado suficiente publicidad al cambio de lugar de la entrevista de los 10 aspirantes finales, por cuenta de disturbios en el centro de Bogotá; así como por falta de publicidad de las preguntas realizadas a las entrevistas y las respuestas entregadas por cada uno de los candidatos.
Recientemente el Consejo de Estado ordenó una serie de pruebas documentales en el marco de las demandas que se presentaron en contra de la elección de Vega, luego de un proceso que organizaron los presidentes de las Altas Cortes, que incluyó pruebas y entrevistas.
Más polémicas
Una de las polémicas más sonadas gira en torno a la denuncia que hizo el político Andrés Guerra, quien dijo que Vega habría sido parte de una operación de extorsión que se dio en medio de su carrera por la Registraduría. De acuerdo con Guerra, le habrían pedido 1.200 millones de pesos para salvarle la curul al Senado en 2010.
Además, desde que llegaron los meses previos a las elecciones al Congreso, Vega se vio envuelto en más escándalos.
El primero tras afirmar que en el país “no somos 50 millones de personas sino 55” y que, por tanto, no le creía a las cifras del Dane. Esto causó preocupación en varios sectores, ante un posible fraude electoral en los comicios.
El segundo por la respuesta que le dio a la oposición que pedía garantías para las elecciones. “El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse”, indicó en su momento, causando nuevamente preocupación en los partidos políticos.
Ahora, tras las elecciones legislativas, se ve involucrado en una nueva polémica después de que los resultados entre el preconteo – del cual se encarga la Registraduría – y del escrutinio – el resultado oficial del cual se encarga el CNE – tuvieran enormes diferencias. Algunos partidos perdieron más de 50 mil votos, como el Centro Democrático, mientras que el Pacto Histórico sumó más de 390.000.
No obstante, desde la Registraduría sostienen que no hubo fraude electoral, algo en lo que coincide el Gobierno nacional y las distintas misiones de observación electoral que estuvieron presentes en las votaciones.
Este martes en el Senado, Nicolás Farfán, registrador Delegado en lo Electoral, indicó que gran parte de los errores cometidos en las elecciones del 13 de marzo son atribuidos a algunos jurados de votación, los cuales, al parecer, llenaron mal los formularios E-14, en los que quedaron consignados los resultados de cada mesa, y llevaron a que hubiera una “contaminación visual” a las personas encargadas de la transmisión de los datos.
En este sentido, Vega se ha mantenido al asegurar que no renunciará a su cargo debido a las irregularidades presentadas en el preconteo.
Alexander Vega en la cuerda floja: podrían tumbar su elección por no sumar la experiencia requerida
El Consejo de Estado citó a los magistrados que eligieron al registrador Vega, para que rindan su testimonio, el miércoles 4 de mayo.
El Consejo de Estado acaba de citar para el miércoles 4 de mayo a los magistrados de las tres Altas Cortes que eligieron al registrador Nacional, Alexander Vega, para que rindan su testimonio y finalmente saber si la elección de Vega es legal o no.
Una de las principales pruebas que esta validando el Consejo de Estado es la experiencia acumulada del registrador, quien presenta en su hoja de vida trabajos que si se suman, dan un total de 9 años, 10 meses y 4 días.
El argumento de Alexander Vega para demostrar los 15 años de experiencia que presentó en la entrevista de su elección, y que exige la Registraduría, es que mientras trabajó como gerente suplente del Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Abogados, en la que ejercicio como abogado consultor y litigante desde el 6 de septiembre de 2018, de manera simultánea trabajó como director ejecutivo de Transparencia Electoral desde el 1 de septiembre de 2018.
Para una de las demandantes, Carolina Munévar, según el artículo 13 del Acuerdo 002 del 2019, la experiencia no puede ser sumada si fue simultanea: “la experiencia que consta en esta certificación no puede ser sumada para efectos del concurso de méritos, porque se causó de manera simultánea a la experiencia certificada por el director ejecutivo de Transparencia Electoral”, sin embargo esto lo tendrá que determinar el Consejo de Estado.
Por lo que en medio de la audiencia se citó a los presidentes de las tres Altas Cortes, que eligieron al registrador, para el próximo miércoles 4 de mayo, rindan su testimonio sobre la legalidad de la elección de Alexander Vega: Lucy Jeanette Bermúdez, expresidenta del Consejo de Estado para las 9:00 a.m., el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Fernando García Restrepo a las 9:30 a.m. y la exmagistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz a las 10:00 a.m.
Sin embargo, también se está determinando qué pasó ese día, el 10 de octubre de 2019, si hubo irregularidades al cambiar el sitio de las entrevistas para seleccionar al Registrador, debido a que no se hicieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá como estaba previsto porque habían manifestaciones.
Por lo que dentro de las pruebas solicitaron la declaración del secretario ad hoc, Juan Enrique Bedoya, el encargado de remitir las actas en dónde está el listado de los aspirantes, decir hora en la que llegaron y si hubo alguien externo en las entrevistas o algún imprevisto que hiciera que el lugar se cambiara a última hora.
Otras pruebas que solicitó el magistrado ponente del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra:
Planilla del 10 de octubre que conste el listado de los registrados, de si las entrevistas se hicieron de forma pública o masiva. Se permitió presenciar las entrevistas.
El jefe de oficinas de la Corte Constitucional tiene cinco días para demostrar el link o dirección que se acreditó para acceder a las entrevistas de manera pública para garantizar experiencia.
Copia digital de los documentos que fueron aportados, al jefe de prensa y medios de comunicación para ofertar la publicación.
Pedir a la Secretaria de Gobierno de Bogotá constancia para validar si hubo disturbios y a qué horas en la plaza de Bolívar de Bogotá el 10 octubre de 2019.
Allegar impresiones o imágenes digitales que den muestra de esas publicaciones.
Pruebas de oficio: citación a los magistrados de las tres altas cortes que eligieron al registrador.
Presidente del Congreso pide ‘separar’ al Registrador de las presidenciales
Juan Diego Gómez exhortó a entes de control a tomar acciones tras errores del 13 de marzo.
El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió este martes “separar” al registrador Nacional, Alexander Vega, de las elecciones presidenciales que se avecinan.
“Les pido a las autoridades de Colombia y al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para separar a Alexander Vega del cargo de Registrador Nacional y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la Presidencia de la República”, afirmó Gómez.
El llamado de Gómez fue apoyado por partidos como el Centro Democrático, el cual también cuestionó la ausencia del registrador Vega en el Senado, tras la invitación que se le hizo al debate de control político de este martes.
El funcionario delegó las respuestas de este órgano en el registrador Delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, quien hizo una explicación sobre diferentes aspectos del preconteo y de la labor que los jurados de votación desempeñan en esta parte del proceso.
Farfán afirmó que gran parte de los errores cometidos en las elecciones del 13 de marzo son atribuidos a algunos jurados de votación, los cuales, al parecer, llenaron mal los formularios E-14, en los que quedaron consignados los resultados de cada mesa, y llevaron a que hubiera una “contaminación visual” a las personas encargadas de la transmisión de los datos.
“Con el discurso previo a la jornada electoral de fraude electoral y las acusaciones infundadas a la Registraduría de que se quería robar las elecciones, aparecieron voces diferentes en las redes sociales invitando a los jurados de votación a diligencias todas las casillas de los formularios E-14”, afirmó Farfán.
El senador Jorge Londoño, de Alianza Verde, dijo que el tema “no es cambiar y nombrar un registrador ad hoc, sino que haya garantías en las elecciones”.
Dijo que lo que se ha escuchado en el debate en el Senado es preocupante por las irregularidades que se dieron en los pasados comicios.
La senadora uribista María del Rosario Guerra se declaró “totalmente de acuerdo” con la propuesta de Gómez y dijo que “somos varios los senadores que pedimos eso”.
Agregó que “falló el registrador por omisión, en la capacitación, en dar las garantías que la Constitución y la ley la exigen” por lo que dijo que “por el bien de la institucionalidad del país, por la dignidad y para que haya tranquilidad” debería hacerse a un lado.
El senador y candidato presidencial John Milton Rodríguez, dijo que “el problema no es el registrador, es el parquidérmico y obsoleto sistema electoral, del cuál fuimos víctimas Colombia Justa Libres hace 4 años y el Mira hace 8 años”.
“Para las presidenciales solicitaría cambio de los jurados electorales y verificar la debida selección y capacitación, reforzar los temas de auditoría al sistema, esto fortalecería la institucionalidad”, dijo.
Las vueltas de un expediente olvidado contra el registrador Alexander Vega
Por cuenta de la ampliación de la planta de personal de la Personería de Chía, la Procuraduría sancionó al hoy registrador nacional en 2012.
Sin embargo, a escasos días de ser elegido magistrado del CNE en 2014, el procurador Alejandro Ordóñez revocó dicha sanción.
Esta es la historia de un proceso del pasado que tiene sorprendentes similitudes con las críticas que hoy le hacen a Vega.
El 10 de enero de 2004, con 10 votos a favor y dos en contra, el Concejo de Chía (Cundinamarca) eligió a Alexander Vega Rocha como nuevo Personero municipal.
Ese día el concejal Leonardo Donoso Ruiz postuló su nombre para el cargo y apenas minutos después Vega Rocha fue ungido por la mayoría de la corporación.
Tras la votación, la plenaria declaró la sesión informal y Alexander Vega Rocha dio su primer discurso como funcionario electo.
Allí agradeció el voto de confianza del Concejo, invitó a los cabildantes a trabajar de forma conjunta por la comunidad, señaló que era amigo del control disciplinario previo y no posterior, agregó que pondría todo su empeño para sacar adelante el municipio y, al final, insistió en que con la ayuda de Dios no los defraudaría en un cargo de tan altas dignidades.
En el acta de su elección se advierte que solo los concejales Juan Villamil y Luis Carlos Segura se opusieron a su nombramiento.
Una vez derrotado, Segura tomó la palabra: “No debemos olvidar el sentido propio de la meritocracia, pues la gente está cansada de la politiquería y las palancas por recomendaciones para ocupar un cargo público.
Al nuevo Personero, espero tenga las puertas abiertas. No tuvo mi voto de confianza, pero ojalá tenga el de todos los ciudadanos de Chía”.
En contraste, el concejal Fabio Sánchez celebró la designación, dijo que Vega Rocha era un joven con todo el liderazgo y arraigo en Chía –aunque nació en Miraflores (Guaviare)–, y que su pensamiento liberal le haría mucho bien a la entidad.
Vega Rocha tenía 24 años entonces. Le faltarían 15 años apenas para dar el salto de la Personería de Chía a la Registraduría Nacional.
Pero antes de meternos en las cuitas de la Registraduría de hoy, volvamos a esos tiempos remotos de la Personería de Chía.
El 16 de noviembre de 2006, el Personero Alexander Vega Rocha radicó ante el Concejo de Chía un proyecto de acuerdo para ampliar sustancialmente la planta de personal de la Personería.
Según explicó en la exposición de motivos, debido al “gran número de problemas que se presentan en el municipio por su crecimiento acelerado” y en razón a la multiplicidad de funciones en cabeza de la Personería, “se hace necesario para tener una mayor cobertura y, por ende, prestar un mejor servicio a la comunidad, modificar la actual planta de personal y crear personerías delegadas”, toda vez que “con el personal que se cuenta actualmente no es posible cumplir a cabalidad con todas las funciones mencionadas”.
Hasta ese momento la Personería de Chía era integrada por tres personas: el personero, un personero delegado y un auxiliar administrativo.
El proyecto de Vega Rocha contemplaba suprimir eso dos cargos y crear 11 más: un personero auxiliar en asuntos penales, seis personeros delegados, un profesional universitario y cuatro auxiliares administrativos.
Según el documento, estos nuevos funcionarios serían de libre nombramiento y remoción y el Personero tendría la facultad de asignarles el nivel de responsabilidad, los requisitos para acceder a esos cargos y sus funciones.
En la práctica se trataba de un proyecto para otorgarle más poderes al personero Vega Rocha y ampliar su burocracia.
A tal punto que la propuesta contemplaba hasta la asignación salarial de la nueva planta de personal y del personal directivo.
El proyecto se aprobó con rapidez: el 29 de noviembre de 2006 en la Comisión Tercera del Concejo y en plenaria el 10 de diciembre de ese año.
Precisamente ese día, en medio del debate, Vega Rocha les aseguró a los cabildantes que el proyecto tenía todos los estudios jurídicos, financieros y estructurales para sustentar que la Personería pasara de 3 a 12 funcionarios. “Se deben crear estos cargos para prestar el servicio a un municipio de más de 120 mil habitantes.
El proyecto está revisado jurídicamente, se hicieron varias consultas a nivel de la Procuraduría, se hizo una proyección de cuánto implicaba el gasto de personal, más la inversión que se va a hacer para la planta física de la Personería, como unos cubículos y una buena biblioteca a la que tendrán acceso las personas que quieran ir e igualmente los concejales”, dijo Vega Rocha.
Un Coco que podría descalabrar al registrador
Continuamos reproduciendo investigaciones periodísticas que dejan mal parado al registrador nacional, que a la fecha, ni lo destituyen ni renuncia.
Coco
Una investigación del Instituto Anticorrupción permite concluir que Alexander Vega podría ser removido de su cargo por la presunta comisión de una falta disciplinaria gravísima: nombrar como directora administrativa de la Registraduría a quien, según varias fuentes y evidencia documental, podría ser la pareja de su hermano. Una mascota podría convertirse en la prueba reina que daría con la caída de Vega.
Hace pocas horas Cuestión Pública reveló una serie de elementos que evidencian cómo la mano oscura de Alexander Vega adquirió un apartamento construido sobre un inmueble que en algún momento fue controlado por Fidupetrol, cliente de Rodrigo Escobar Gil, un exsocio de Vega que fue condenado por corrupción. También describe la relación entre Dily Marina Maestre, actual directora administrativa de la Registraduría, Alexander Vega y su hermano, Campo Elías Vega.
Desde hace meses, el Instituto Anticorrupción adelantaba una investigación paralela, cuyos hallazgos ayudan a completar el rompecabezas.
En mayo de 2014 el actual registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, le vendió a Dily Marina Maestre Zabala, actual directora administrativa de la Registraduría, un apartamento ubicado en Chía por 252 millones de pesos, según consta en el folio de matrícula 50N-20699354. Ese es el apartamento construido en un predio que en algún momento fue de Fidupetrol.
Para financiar la compraventa, Maestre Zabala adquirió un crédito hipotecario con el banco BBVA Colombia, que quedó registrado en el respectivo folio de matrícula.
Certificado
La deuda, según ese folio de matrícula evidencia, sigue vigente. Cuando un deudor termina de pagar una deuda hipotecaria, lo usual es informarlo a la oficina de instrumentos públicos, para que levante la hipoteca. Pero en este caso, la hipoteca no ha sido cancelada. Esto guarda consistencia con la declaración de patrimonio radicada por Maestre el 16 de mayo de 2021.
Según ese documento, la funcionaria es dueña de dos inmuebles: uno en Chía y otro en Valledupar, valorados –según ella– en 155 millones, el primero, y 45 millones, el segundo. No es claro qué pasó con el apartamento que le compró a Alexander Vega. O lo reportó por 97 millones menos de su precio de compra de hace ocho años. O simplemente no lo reportó. Algo grave. La falta de reporte fidedigno de estas declaraciones es un delito.
Patrimonio
Adicionalmente, Maestre registró en la declaración referida una deuda hipotecaria por 105 millones, sin especificar el acreedor. Ya que la hipoteca del apartamento que le compró a Alexander Vega no aparece cancelada, es natural inferir que esa deuda corresponde a la deuda contraída con el BBVA. Mejor dicho: Maestre sigue pagando la deuda bancaria que contrajo al comprarle un apartamento en 2014 a su jefe actual, con el salario que él le da desde la Registraduría.
Según el Decreto 962 de 2021, la asignación salarial de un directivo del nivel de ella en la Registraduría ronda los 13 millones de pesos, más gabelas, lo cual incluye bonificaciones y una prima técnica, que puede ascender hasta el 50 por ciento del salario, además de una prima mensual, que asciende al 30 por ciento del salario. Es decir, bajito, bajito, 23 millones y medio al mes.
¿Pero quién es Dily Maestre y cómo llegó a la Registraduría? Durante la gestión de Guillermo Varela, fue la jefe de Contratación del municipio de Chía. Varela fue inhabilitado posteriormente por la Procuraduría en 2020 para ocupar cargos públicos por 14 años, debido a la adjudicación irregular de un contrato por 19.000 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chía.1
Durante el mismo periodo, Campo Elías Vega Rocha, el hermano de Alexander Vega, tenía un lugar en el gabinete municipal. La Silla Vacía reportó en un artículo de 2014 que “según la fuente conocedora de la política local” Alexander Vega “ayudó a que el alcalde de Chía elegido en 2011, Guillermo Varela, nombrara a su hermano secretario municipal de Salud”.
1 https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-confirmo-destitucion-e-inhabilidad-por-14-anos-a-exalcalde-de-Chia_-Cundinamarca_-por-irregularidades-en-contrato-de-la-PTAR-por-cerca-de-_19.000-millones.news
Gabinete
Tiempo después, Campo Elías y Dily Maestre trabajaron al mismo tiempo en la Auditoría General de la República, la entidad encargada de vigilar el desempeño de la Contraloría. Ella como directora de Control Interno y él como gerente seccional. ¿Cómo llegaron los dos, casi al mismo tiempo, a la Auditoría, teniendo experiencias profesionales tan disímiles, que nada tenían que ver con el control fiscal? ¿Coincidencia o mermelada?
Después de algunas vueltas, Campo Elías Vega dio un triple salto mortal, pasando a ocupar el cargo de Subdirector de Administración de Tierras en la Agencia Nacional de Tierras, cargo que ocupa en la actualidad.
Según el artículo 25 del Decreto 2363 de 2015, entre sus funciones están las de “Administrar los bienes fiscales patrimoniales de la Agencia y las tierras baldías de la Nación (…)”; “Celebrar los contratos de aprovechamiento de baldíos con particulares”; “Adjudicar los baldíos a las entidades de derecho público”; y “Proyectar los actos administrativos para la delimitación y constitución de las zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial”. Vaya poder.
Volviendo a la historia, Maestre y Campo Elías son tan cercanos que incluso hicieron una especialización en gerencia financiera en la Universidad Uniminuto. Prueba de ello es el documento titulado: Propuestas para la caracterización de la población con discapacidad del municipio de Chía – Cundinamarca, el cual aparece publicado en internet.
Documento
Consulté a Dily Maestre sobre su relación con Campo Elías Vega, buscando dilucidar si el vínculo iba más allá de una simple amistad. Me dijo que: “Es totalmente falsa esa información, por ende desmiento lo que le han dicho”. La investigación adelantada por Cuestión Pública, sin embargo, logró corroborar con dos fuentes distintas que Maestre y Campo Elías Vega son pareja.
El Instituto Anticorrupción también. Después de visitar Chía, y en particular, tras ir al conjunto residencial en el que se encuentra una propiedad de Campo Elías, logramos corroborar con varios testigos que, en efecto, la relación va mucho más de una simple amistad. Esto es muy grave. La Constitución Política le prohíbe al director de cualquier entidad pública contratar en ella a sus cuñados en cualquier cargo de libre nombramiento y remoción. Infringir esa prohibición se considera una falta disciplinaria gravísima, que puede dar lugar a la destitución.
Una coincidencia perruna ayuda a completar esta historia. Una revisión juiciosa de las redes sociales de Campo Elías y Dily Marina, nos permitió concluir que ambos pasan mucho tiempo con la misma mascota. Se trata de una hermosa perrita que, según los tags puestos en sus respectivas redes sociales por quienes parecerían ser sus “padres”, responde al nombre de Coco. Un Coco que podría descalabrar al registrador.
ALEXANDER VEGA, EL CRITICADO REGISTRADOR QUE ES AMIGO DE LOS POLÍTICOS
En el inicio de la campaña presidencial solo una cosa une a bases petristas, uribistas y fajardistas: una petición para que renuncie a su cargo el Registrador Nacional, Alexander Vega.
Esas voces de rechazo desde todas las orillas políticas marcan un contraste con la carrera de Vega, quien fue elegido en ese cargo en octubre de 2019 por los entonces presidentes de las tres Altas Cortes cuando venía de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por La U, pero sobre todo había cosechado amigos en la clase política de todas las vertientes políticas.
Los orígenes
Vega nació en el Guaviare y, siendo niño, llegó a Chía, municipio vecino a Bogotá y donde se crió. Hijo de llaneros de clase media, estudió derecho en la Universidad Libre de Bogotá, conocida por su tendencia liberal y su fortaleza en formar futuros funcionarios de la Rama Judicial y abogados litigantes, especialmente de derecho penal.
En 2004, recién graduado de la Universidad y sin trayectoria política ni experiencia laboral, presentó su hoja de vida para ser personero de Chía.
Según recuerda una persona que conoce la política de ese municipio, en su hoja de vida básicamente solo aparecía su título de abogado y el haber sido personero del colegio y director del cineclub de la Universidad. Igual el concejo lo eligió.
Eso porque ayudó el recién posesionado alcalde, Fernando Sánchez Gutiérrez, en ese entonces conservador (luego candidato por el Centro Democrático a la Cámara por Cundinamarca en 2018 en tercer renglón de la lista que logró dos curules). Esa era apenas su primera relación con la clase política.
Como personero, entre marzo de 2004 y marzo de 2008, fue muy cercano a Sánchez, y empezó a acercarse a algunos magistrados del CNE. Luego lo contrató Clara López, hoy senadora electa por el Pacto Histórico y en ese entonces secretaria de Gobierno de Samuel Moreno en Bogotá, como contratista para asesorar del Distrito en asuntos electorales.
Estuvo en ese cargo pocos meses, de mayo a noviembre de 2008, y hacia ese tiempo terminó una especialización en derecho electoral, área en la que desde entonces se concentró y en la que naturalmente el trabajo lleva a los abogados a tener contacto permanente con políticos.
Salió a ejercer como litigante y asesor, en lo que trabajó entre en 2009 y 2014 en la oficina de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado de la Corte Constitucional de extracción conservadora, condenado en 2018 por el escándalo de Fidupetrol.
En esos años se fue acercando a otros políticos, particularmente de La U. Por ejemplo, fue el apoderado del candidato de ese partido a la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, para tratar de tumbar una resolución del CNE que sancionaba a ese partido por violación de topes electorales.
A la vez, según la fuente conocedora de la política local, ayudó a que el alcalde de Chía elegido en 2011, Guillermo Varela, nombrara a su hermano Campo Elías como secretario de salud.
Para las elecciones de 2010 ocurrió un hecho que en esta breve campaña a la Registraduría revivió, y puede ser un dolor de cabeza para Vega como Registrador, con más reflectores encima.
Según el hoy electo senador uribista, Andrés Guerra Hoyos, Vega fue el mensajero del entonces magistrado del CNE, Marco Emilio Hincapié, para pedirle 1.200 millones de pesos a cambio de revisar unos escrutinios que Guerra estaba denunciando habían llevado a que perdiera una curul en el Senado por La U. Es decir, lo acusó de un delito, algo que ha mantenido hasta hoy.
Vega niega haber pedido ese dinero, pero ha dicho que el padre de Guerra, el antiguo cacique liberal de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, lo buscó para que lo ayudara con la pelea por la curul, porque ya era conocido en el derecho electoral. Hincapié lo ha respaldado e incluso ha dicho que denunció penalmente a Guerra Hoyos por las acusaciones.
Más allá de la gravedad de la denuncia, ese hecho muestra hasta dónde Vega ya se movía con políticos. De hecho, Hincapié dijo más adelante que en ese entonces Vega era “abogado en el tema electoral, con los candidatos de La U”, una relación que cultivó y dio frutos más adelante.
Salto a las grandes ligas
La cercanía con políticos le permitió candidatizarse como posible magistrado de La U para el CNE que, como está formado por representantes de los partidos que eligen los congresistas, es cada cuatro años una de las primeras pujas políticas de los Congresos nuevos.
La U, que era fuerte en 2014, tenía la posibilidad de elegir dos magistrados, y Vega entró a una puja interna que no era fácil.
Por un lado, algunos de sus ocho competidores dentro del partido tenían peso, como la actual representante chocoana Astrid Sánchez Montes de Oca, quien venía de ser senadora y de quemarse buscando la reelección; Ciro Muñoz Oñate, exmagistrado del CNE por el difunto partido Alas Equipo Colombia; o el exrepresentante atlanticense Tarquino Pacheco.
Por otro lado, tenía una dificultad legal: el Consejo Disciplinario y el Veedor del partido rechazaron su candidatura, pues encontraron que no certificó los diez años de experiencia como abogado que se necesitan para el cargo. Además, que había sido sancionado disciplinariamente con cuatro meses de suspensión de su antiguo cargo de personero, en 2012.
Vega dio la pelea. Reclamó internamente y perdió, por lo que no quedó en la postulación oficial de candidatos de La U. Sin embargo, con una tutela logró que el partido tuviera que incluirlo, con lo cual pudo dar una pelea política.
La ganó gracias al apoyo de varios senadores, especialmente los llamados ‘Ñoños’, los entonces muy poderosos senadores cordobeses Musa Besaile y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, que venían de sacar las dos mayores votaciones a Senado y por eso pesaban mucho en la bancada.
Finalmente él y Luis Bernardo Franco se convirtieron en los candidatos de La U, y luego en parte de una gran plancha de toda la alianza legislativa de Juan Manuel Santos, la Unidad Nacional. Y así fue elegido.
No tenía 40 años y ya era magistrado del CNE. Como cuando recién graduado logró ser personero, para eso fue clave su reconocida habilidad para hacer buenas relaciones.
El magistrado
En el CNE Vega se alineó rápidamente con los magistrados que apoyaban el Acuerdo y que venían de la plancha que impulsaron la Unidad Nacional y la oposición de izquierda, que tenía una mayoría justa de seis de los nueve magistrados (en el CNE se requieren seis y no cinco votos para decidir).
Pero no empezó fácil: el veedor Pablo Bustos demandó su elección argumentando, entre otras, que la denuncia de Guerra Hoyos y la vieja sanción disciplinaria mostraban que no había ejercido la profesión por diez años “con buen crédito”, lo que era un requisito.
La consejera de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, estudió su caso, y tras un año largo, desestimó la demanda porque encontró que la denuncia de Guerra no había prosperado (citó a Guerra como testigo a una dirección vieja, él no fue, y no lo volvieron a llamar) y la sanción porque el entonces Procurador General, Alejandro Ordóñez, la había revocado pocos días después de que el Congreso eligió a Vega como magistrado. Sus colegas apoyaron a Bermúdez y Vega se salvó.
Sin esa sombra, el magistrado empezó a tomar más vuelo; por ejemplo, a inicios de 2015 solo él y el conservador Carlos Camargo votaron a favor de mantener la personería del partido de Yahir Acuña (aliado de los políticos cordobeses que impulsaron a ambos), Cien por Ciento por Colombia, una muestra de que no necesariamente estaba alineado con sus aliados de la Unidad Nacional.
Ese mismo año su hermano Campo Elías obtuvo el aval liberal para la alcaldía de Chía, algo que en el municipio dijeron que se logró gracias al hoy Registrador. Y luego renunció a él para adherir a la candidatura de Fernando Sánchez, el antiguo aliado de Vega.
Mientras tanto, en el CNE Vega mostró su capacidad de relacionarse y ser componedor: en una nueva división intestina el Consejo duró nueve meses sin presidente. Solo se superó cuando Vega logró sumar suficientes apoyos para ser elegido presidente en julio de 2016.
Faltaban menos de tres meses para el plebiscito de octubre de ese año y el CNE tenía el gran reto de reglamentar su campaña, para lo que no había antecedentes porque era el primero bajo la Constitución de 1991. Debía definir cosas para definir cómo se iba a poder hacer campaña en redes sociales, exactamente hasta dónde y cómo podrían participar los funcionarios públicos y dónde se trazaría la raya para cumplir con la prohibición de usar logos de partidos. Vega lideró ese trabajo.
Luego le tocó otro chicharrón: el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo públicamente que tenía certeza de que había entrado plata de la corrupta multinacional Odebrecht a la campaña reeleccionista de Santos de 2014, pero que solo el CNE podía investigarlo.
Vega recibió esa carta, y antes otras del exsenador y lobista de Odebrecht, Otto Bula, cercano y paisano de los Ñoños, y quien aceptaba haber recibido plata de la corrupta multinacional.
Meses después, justamente en ese tema, surgió la segunda nube que acompaña a Vega: su relación con Bula. Cuando la magistrada ordoñista Ángela Hernández iba a presentar su ponencia para investigar a Santos, dijo que al investigar para ella encontró llamadas de 2016 por más de cuatro horas entre Vega y Bula, basada en un informe de la Corte Suprema.
En la sesión del CNE en la que CNE lo reveló se armó una pelea en la que los dos se amenazaron con denuncias. Vega aceptó las llamadas, pero alegó que el número era del senador Elías, quien aún estaba libre y sin denuncias por Odebrecht.
El CNE finalmente archivó el proceso contra Santos, igual que el del uribista Óscar Iván Zuluaga. Así, evitó chocar con los políticos en general, a la vez que decidió endurecer las reglas para las revocatorias de los alcaldes, lo que lo acercó a ellos.
Mientras tanto, Vega iba entrando a las altas ligas de la política: estuvo en la parranda del clan Gnecco en el Festival Vallenato de 2017 y en una polémica reunión con la bancada de La U y Santos, que puede convertirse en su tercera nube.
Una persona que lo conoció de cerca en ese entonces recuerda que Vega hacía fiestas generosas en su casa, con mariachis y whisky, que era muy bueno haciendo amigos y que no escatimaba en gastos.
Al año siguiente, mientras preparaba su salida del CNE, tomó más decisiones que lo congraciaron con políticos, como salvar la candidatura del conservador Quinto Guerra a la alcaldía de Cartagena.
Esa preparación para salir incluía la búsqueda de dejar un reemplazo por La U, el entonces procurador delegado Virgilio Almanza, como reveló La Silla Vacía. Pero el plan se dañó por pujas de poder entre Germán Vargas y los Char en Cambio Radical, que rompieron la alianza con La U que habría asegurado la elección de Almanza.
A pesar de esa derrota, Vega no salió sin un plan: ser Registrador. Para eso tenía su amplia red de conexiones, incluyendo a su hermano campo Elías, quien tenía un cargo directivo en la Auditoría general y a inicios de 2019 pasó a ser subdirector de la Agencia Nacional del territorio, en el Gobierno del uribista Iván Duque.
El camino a la Registraduría
Desde su salida del CNE, Vega trabajó como consultor internacional y director en Colombia de Transparencia Electoral, mientras los presidentes de las tres Altas Cortes, que este año son Gloria Stella Ortiz en la Constitucional, Lucy Jeannete Bermúdez (la ponente del fallo que salvó la magistratura de Vega en 2015) en el Consejo de Estado, y Álvaro García en la Suprema, armaban el proceso para definir Registrador.
En junio de 2019 lo arrancaron con un nuevo reglamento para el concurso de méritos, con el que la experiencia pesaría menos y los exámenes de conocimiento y competencias más, lo que de entrada despertó algunas críticas. Los presidentes hicieron algunos ajustes pero rápidamente abrieron el proceso, pues el período del actual registrador, Juan Carlos Galindo, vence a inicios de diciembre.
Se inscribieron 54 abogados, los presidentes anunciaron el 29 de julio que admitían a 31 y allí arrancó en forma la carrera, con dos grandes favoritos: Vega y su antiguo colega en el CNE y director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo.
Los días siguientes hubo una lluvia de críticas a Camargo por presuntamente haber usado la contratación de la Federación para hacer campaña entre los magistrados, y terminó renunciando el 9 de agosto. Con eso, el camino parecía despejado para Vega, quien también enfrentó la resurrección de los escándalos de Guerra Hoyos y Otto Bula.
En las pruebas de conocimientos y de competencia, que se hicieron el 24 de agosto y daban el 50 por ciento del puntaje total le fue bien, pues fue el mejor en la de conocimientos y sumó 412 puntos de 500 posibles.
Pero en la hoja de vida mal: sacó apenas 40 de 200 puntos y el puesto 15 entre 16 por su poca experiencia profesional, lo que muestra que de no haber cambiado el reglamento no habría sido elegido.
En todo caso, quedó entre los diez más altos y pasó a la entrevista de ayer, que con 300 puntos en juego era definitiva. Vega sumaba 453 puntos, pero había cuatro aspirantes con mejor puntaje.
En la entrevista tuvo el segundo mejor puntaje, 285, y con eso quedó de primero.
Uno de los presidentes le explicó a La Silla que les gustó sus propuestas tecnológicas para ahorrar papel y recursos (la Registraduría invierte mucho en papel para el registro civil, la cedulación y las elecciones), modernizar el registro civil o que la Registraduría sea dueña del software de las bases de datos de identificación, que hoy son de los contratistas de Thomas Greg.
Con eso, logró su meta. Aunque no era el único candidato amigo de políticos, y estaba cantado que quien llegara tendría esas conexiones, ninguno tenía tantas, tan fuertes y variadas como Vega. Y quizás tampoco había ninguno que llegara con cuestionamientos como él.
Un registrador cuestionado
Vega se posesionó en diciembre de 2019, poco antes de que la pandemia del covid cambiara la cotidianidad de todos. Llegó con un plan ambicioso, que refleja su eslogan y nombre del plan estratégico “Registraduría del Siglo XXI”: la intención de modernizar la registraduría y sus servicios.
Tenía dos años y medio para preparar lo que suele ser la mayor prueba de un registrador: las elecciones. Y es que en las de marzo de 2018 se acabaron los tarjetones para la consulta de la derecha en varios puestos y por eso voces de ese sector pidieron la renuncia de Juan Carlos Galindo, y algo similar ocurrió en 2010 con Carlos Ariel Sánchez porque se cayó la página que mostraba los resultados del preconteo.
Cuando apenas llevaba un mes en el cargo, mostró una victoria temprana en su eslogan, al anunciar cédula digital, pero a la vez hizo una promesa que mostraba que tenía en la mente las elecciones: empezar a implementar el voto electrónico en las presidenciales de este año, en un 30 por ciento de las mesas.
Para eso era clave hacer una suerte de piloto en la elección de Consejos de Juventudes, que estaba programada para fines de 2020. Por la pandemia Vega la aplazó, y luego tuvo otro traspiés: el fiscal Francisco Barbosa, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Procurador Fernando Carrillo prendieron alertas sobre el contrato de la Registraduría para esas elecciones, y Vega lo frenó.
Con su piloto postergado, se metió en otro frente, en el que las relaciones con los políticos le favorecieron: sacar un nuevo Código Electoral.
No era fácil, porque cambiar la forma en la que se hacen las elecciones puede tocar muchos callos en el Congreso. Lo logró sacar adelante sumando diferentes bancadas que le dieron una aplanadora y evitaron mucho debate, quitándole lo más transformador (como aumentar la cuota femenina del 30 al 40 por ciento de las listas), dándole un empujón a los alcaldes y gobernadores al hacer más difíciles sus revocatorias, y con avances para sus metas de la Registraduría del Siglo XXI, como determinar que el software para los escrutinios deba ser del Estado y no de contratistas.
Encima, tenía un gran regalo para él: más de mil cargos nuevos en la registraduría para llenar. Y un cambio que esta semana entró al debate público: los jurados ya no serían los maestros de la educación pública, sino otras personas.
Eso pasó relativamente fuera del radar, al igual que durante la mayoría de 2021, cuando la atención del país estuvo en el paro y el covid.
Pero a fines de año, con el panorama electoral empezando a calentarse y las elecciones de los consejos de Juventud finalmente programadas para diciembre, empezó a recibir críticas.
Primero por el contrato para aumentar la biometría en las elecciones (parte del mega contrato para la logística electoral que ganó un consorcio similar al de todas las elecciones, encabezado por Thomas Greg).
Luego al decir “Cómo explican que en el Dane somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55, ¿dónde están los otros 5 millones de colombianos?”, y alimentar los temores de la izquierda de un posible fraude para este año.
Poco después, al decir sorbe las elecciones “el que no sienta garantías, no debería presentarse”, que produjo rechazo no solo en sus críticos de la izquierda sino en otros sectores políticos y de opinión, y que dieron lugar a una primera solicitud de renuncia.
Es decir, pasados dos de los cuatro años de su período y sin haberse enfrentado al gran reto que son las elecciones para cualquier registrador, Vega ya tenía voces fuertes en contra.
El rechazo no bajó con el piloto electoral que fueron las primeras elecciones en la historia para los Consejos de Juventud, de muy alta abstención (votó solo 1,3 millones de los 12,3 millones de jóvenes habilitados) y que se hicieron de afán porque el gobierno de Iván Duque decidió en pleno paro usarlas como prueba de que le preocupaban los jóvenes.
El afán fue tal que la Registraduría aplazó la fecha de votación y luego los plazos de inscripción de las listas; y que a menos de 24 horas de votar, Vega cambió las reglas al permitir votar en cualquier puesto y no en el que estaban inscritos, lo que le valió críticas por la posibilidad de irregularidades.
Al final, en todo caso, pasaron bastante de agache. Peor las dificultades ya estaban ahí, y solo se acumularon después: problemas en la plataforma para la inscripción de cédulas, desinformación por una reunión con Gustavo Petro, video de un funcionario diciendo a los supernumerarios (funcionarios temporales para elecciones, como los que hacen el preconteo) que necesitaban tener un padrino político, denuncia de pedida de renuncias a los funcionarios que manejan las elecciones, caída de la página web en la mañana del día de las elecciones que Vega explica como ciberataque, pero el Fiscal lo desmiente, videos de confesiones de supuestos fraudes de jurados jóvenes contra el Pacto Histórico…
Incluso los aciertos, como entregar a los partidos grandes bases de datos de los resultados o publicar los E14 para la revisión ciudadana (cosas que Vega heredó de sus antecesores), alimentaron las críticas contra el Registrador.
Con esos antecedentes y con la cercanía de Vega a una clase política desprestigiada, los gritos de fraude de la izquierda tuvieron cómo retumbar con tanto eco que los retomaron sectores de centro. E incluso, el jueves en la noche, fue la derecha la que empezó a hablar de fraude, en una versión en la que Vega es aliado de la izquierda. Es decir, el Registrador amigo de los políticos se quedó sin el apoyo de muchos de ellos y con poca legitimidad para muchos ciudadanos a dos meses de administrar las elecciones presidenciales en las que hay más probabilidades de que gane un outsider desde 1970.
César Gaviria le ganó a Juan Manuel Santos la puja por la Registraduría
Alexander Vega, el nuevo registrador, estuvo avalado por el expresidente César Gaviria, que le ganó el ‘mano a mano’ a Santos, quien tenía en José Joaquín Vives a su candidato para el cargo.
La designación el jueves en la noche del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, por parte de los presidentes de las altas cortes, como el nuevo registrador nacional desde diciembre próximo, significó además el fin de una lucha política que tuvieron los expresidentes César Gaviria Trujillo y Juan Manuel Santos.
En efecto, el jefe del liberalismo se ‘echó’ al hombro desde el comienzo la candidatura de Vega, quien reemplazará en el cargo a Juan Carlos Galindo, quien también viene de las filas del liberalismo.
El expresidente Gaviria, desde el comienzo de la campaña, hace unos tres meses, sostuvo diferentes reuniones con cercanos a Vega para convencerlo y perfilar su hoja de vida con el fin de obtener la elección del nuevo registrador.
Mientras que Gaviria se movía con Vega, otro expresidente, Juan Manuel Santos, acompañó la postulación de José Joaquín Vives, otro exmagistrado del CNE y que además fue muy cercano a su gobierno. La aspiración de Vives además también estuvo apadrinada por el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien resultó siendo otro de los derrotados en la carrera que hubo para alcanzar el cargo de registrador nacional.
Gaviria, con absoluto bajo perfil, se reunió con dirigentes de todos los partidos para alentar la campaña de Vega, y así además ir abriendo espacio para que su nombre fuera bien recibido ante los presidentes de las tres cortes, Gloria Ortiz, Corte Constitucional; Álvaro García, Corte Suprema y Lucy Bermúdez, Consejo de Estado, quienes debían escoger al ganador que se dio en el marco de un concurso de méritos, pero que en cierta forma el ‘lobby’ político influiría.
Aunque el expresidente Santos no se metió de lleno en la campaña, sí acompañó a Vives para que fuera el registrador. Si bien la aspiración de Vives estuvo movida directamente por el exministro Cristo, hubo momentos en que Santos hizo contactos para que llegara su postulado.
Vega Rocha, quien tomará posesión del cargo el próximo 4 de diciembre, es oriundo de Guaviare y fue designado en julio de 2016 como Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es abogado titulado de la Universidad Libre y ha estado vinculado al sector oficial como Coordinador de Asuntos Electorales de Bogotá, se desempeñó también como Personero Municipal de Chía, Cundinamarca y, además, ha ejercido como abogado litigante ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y Tribunales Administrativos.
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¿Quien se atreve a demandarlo?